Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda crear un centro para personas migrantes que no tienen derecho a permanecer en Europa y cuya expulsión no puede ejecutarse de inmediato. España rechaza el modelo y votó contra la norma europea que lo hace posible. Pero entre el rechazo y la alternativa hay todavía un espacio que el Gobierno tendrá que explicar.
Hay decisiones políticas que abren debates mucho más amplios que el acuerdo que las origina. El pacto anunciado el pasado lunes en Viena por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para establecer un centro de retorno en Ruanda es una de ellas. La iniciativa, prevista para 2027, vuelve a colocar sobre la mesa una de las cuestiones más controvertidas de la política migratoria europea: hasta dónde pueden llegar los Estados miembros para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en su territorio y qué responsabilidades asumen cuando trasladan esa tarea fuera de sus fronteras.
España ha dicho que no. Pedro Sánchez afirmó el lunes que no le ve «ni futuro ni humanidad» a esa solución. Su Gobierno votó contra el Reglamento de Retorno aprobado por el Consejo de la UE el pasado 1 de octubre, que abre la posibilidad de establecer centros de este tipo en terceros países. Fue el único Estado que votó en contra; Bélgica se abstuvo. Sin embargo, la norma salió adelante y España tendrá que aplicarla.
El acuerdo con Ruanda llega, además, a doce días de unas elecciones y deja una cuestión política pendiente: ¿basta con rechazar este modelo o es necesario explicar qué alternativa europea puede sustituirlo?
Un acuerdo con más interrogantes que certezas
Por ahora, los detalles del proyecto son limitados. Los cinco gobiernos han anunciado que el centro estará destinado a personas sin residencia legal, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo haya sido denegada, mientras se organiza su retorno definitivo a los países de origen.
Las informaciones publicadas tampoco coinciden por completo. Europa Press recoge que los gobiernos firmantes no han querido precisar cuántas personas serán trasladadas. El diario alemán FAZ, citado por Diario Socialista, habla de un proyecto piloto de unas cien plazas, aproximadamente veinte por país. Según esa información, las personas trasladadas obtendrían un permiso de residencia en Ruanda y podrían trabajar y desplazarse por el país mientras se organiza su salida. Los procedimientos de asilo continuarían tramitándose en Europa.
La diferencia con el proyecto británico impulsado por Boris Johnson en 2022 es importante. Londres pretendía trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo para que sus peticiones fueran examinadas allí. El plan nunca llegó a ponerse en marcha, tras sucesivas impugnaciones judiciales, y el Gobierno laborista lo canceló en 2024.
El modelo que ahora plantean los cinco países europeos tiene otra naturaleza: no pretende trasladar el procedimiento de asilo, sino externalizar una parte del proceso de retorno. La distinción jurídica existe, pero no resuelve por sí sola las dudas sobre las garantías, la supervisión y la responsabilidad de los Estados que participan en él.
La Comisión Europea ha recibido favorablemente el acuerdo y espera conocer sus detalles para determinar si puede recibir financiación comunitaria. También aquí queda una pregunta relevante: ¿con qué condiciones se financiaría un proyecto de estas características y quién comprobaría que se cumplen?
España rechaza los centros, pero ¿dónde sitúa sus límites?
Pedro Sánchez defendió el lunes en Telecinco una política migratoria basada en la cooperación con los países de origen y tránsito. Citó los programas de migración circular con Senegal y Marruecos y atribuyó a esa estrategia parte del descenso de llegadas por la ruta atlántica. También defendió el refuerzo del control fronterizo y recordó la obligación de rescatar a quienes se encuentran en peligro en el mar.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había expuesto meses antes los motivos del rechazo español a la reforma europea. El Gobierno considera que los acuerdos no vinculantes con terceros países pueden debilitar las garantías jurídicas y facilitar devoluciones encubiertas. También cuestiona que se traslade a familias con menores o a personas que no tengan ningún vínculo con el país receptor, y considera desproporcionada la posibilidad de prolongar la detención hasta 24 meses.
Son objeciones que afectan a cuestiones fundamentales: el derecho de asilo, la tutela judicial, la libertad personal y el principio de no devolución. No son detalles administrativos. La cuestión es si los mecanismos previstos en la norma europea pueden garantizar efectivamente esos derechos cuando las personas se encuentran fuera del territorio de la Unión.
Pero hay otra dificultad para el Gobierno español. Su rechazo a los centros de retorno no significa que renuncie a la externalización del control migratorio. La cooperación con países de origen y tránsito también desplaza fuera de las fronteras europeas una parte de la gestión migratoria. La diferencia, según el Ejecutivo, está en los instrumentos empleados y en las garantías que los acompañan.
Ahí aparece una de las contradicciones que merece un debate más profundo.
Una investigación de porCausa, publicada en El Salto, ha señalado la financiación española y europea de instalaciones destinadas a la gestión y contención de la migración en Mauritania, concretamente en Nuakchot y Nuadibú. El asunto ha llegado al Congreso de la mano de Sumar, Más Madrid, Podemos y otros grupos políticos. Amnistía Internacional, CEAR y Médicos Sin Fronteras también han cuestionado estas políticas de externalización.
El Gobierno defiende que la cooperación con terceros países constituye una alternativa a los centros de retorno. Sin embargo, si esa cooperación incluye instalaciones de detención y mecanismos de contención de la migración fuera de Europa, la distinción entre ambos modelos necesita algo más que una declaración de principios. Necesita criterios verificables.
¿Dónde está exactamente la frontera entre una cooperación legítima y la externalización de responsabilidades? ¿En quién financia las instalaciones, en quién las gestiona, en las condiciones de internamiento o en la posibilidad de recurrir las decisiones? España tiene motivos para plantear estas preguntas a sus socios europeos, pero también debería estar dispuesta a responderlas cuando se refieren a sus propios acuerdos.
El Partido Popular también tiene que aclararse
El debate no interpela únicamente al Gobierno. El Partido Popular ha criticado el voto español contra el Reglamento de Retorno. Alberto Núñez Feijóo sostuvo que España se había desmarcado de sus socios europeos con Ceuta todavía invadida, mientras que su vicesecretaria Alma Ezcurra calificó la posición del Ejecutivo de «excepción vergonzosa».
Sin embargo, en las declaraciones recogidas hasta ahora no aparece una valoración específica del acuerdo con Ruanda. En 2024, Feijóo evitó respaldar expresamente los centros de deportación, aunque el Partido Popular Europeo había apoyado este tipo de iniciativas.
La diferencia importa. Reclamar una política de retornos más eficaz no equivale necesariamente a respaldar la creación de instalaciones de detención en terceros países. Entre ambas posiciones hay decisiones jurídicas, políticas y económicas que deben explicitarse.
El PP puede cuestionar la estrategia del Gobierno, pero también tendrá que aclarar qué instrumentos estaría dispuesto a utilizar si tuviera que gestionar esa política. Y lo mismo cabe exigir a Vox, de cuya posición sobre el acuerdo de Viena no hemos localizado ninguna declaración.
La campaña electoral podría convertir la migración en uno de sus asuntos centrales. Sin embargo, reducir el debate a quién controla mejor las fronteras o quién permite más entradas sería una manera de evitar precisamente las cuestiones que plantea el acuerdo con Ruanda.
Un precedente de cien plazas
Las dudas tampoco se limitan a España. La investigadora Blanca Garcés, del CIDOB, advertía en junio, al analizar el Reglamento de Retorno, de las limitaciones prácticas y económicas de estos proyectos. Recordaba el coste del plan británico y las dificultades que plantean los centros de externalización, tanto por su capacidad limitada como por las garantías jurídicas que deben acompañarlos. También recogía las advertencias de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE sobre las dificultades para garantizar traslados legales cuando los mecanismos de control judicial son limitados.
Carmen González, del Real Instituto Elcano, situaba el endurecimiento de la política migratoria europea en los conflictos entre Estados miembros sobre la gestión del asilo, especialmente desde 2015.
Ambos análisis son anteriores al acuerdo de Viena, por lo que todavía está por ver cómo se concretará el nuevo proyecto. Pero sus advertencias ayudan a entender que la cuestión no es solamente dónde se ubica un centro o cuántas personas puede recibir. También importa cuánto cuesta, qué resultados produce y qué mecanismos existen para impedir que se convierta en un espacio de difícil supervisión.
Si finalmente se confirma el piloto de cien plazas, su capacidad para modificar las cifras generales de retorno será necesariamente limitada. Su importancia podría estar en otra parte: demostrar que el modelo es viable y abrir la puerta a su extensión a otros países y a un número mayor de personas.
Eso convierte a Ruanda en algo más que un destino. El proyecto puede convertirse en un precedente jurídico y político para la política migratoria europea.
Y ese precedente obliga a mirar también al país receptor. Amnistía Internacional ha advertido de los riesgos que plantean los centros de retorno proyectados en Ruanda y Uganda, que podrían convertirse en espacios de desprotección de los derechos humanos. Esas advertencias hacen todavía más necesario conocer qué garantías contempla el acuerdo, quién supervisará su cumplimiento y qué mecanismos tendrán las personas trasladadas para reclamar protección.
No basta con que un Gobierno europeo firme un documento que prometa respetar los derechos fundamentales. También debe poder responder por lo que sucede cuando las personas quedan bajo la jurisdicción y el control efectivo de otro Estado.
La pregunta que Europa todavía no ha contestado
Europa necesita una política de retornos. Es una realidad que difícilmente puede discutirse: hay personas cuyas solicitudes de protección han sido rechazadas definitivamente y que reciben una orden de salida que los Estados deben ejecutar conforme a la ley. La dificultad aparece cuando esa obligación entra en contacto con otros derechos, con la situación de los países de origen y con la capacidad real de garantizar una expulsión segura y legal.
España, como país de frontera sur, conoce bien esa dificultad. También sabe que su economía necesita trabajadores migrantes, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno. Compatibilizar ambas realidades exige una política que distinga entre las personas que necesitan protección, quienes pueden incorporarse legalmente al mercado laboral y quienes, una vez agotadas las garantías jurídicas, deben abandonar el territorio.
El Gobierno ha elegido oponerse a los centros de retorno y defender la cooperación con los países de origen y tránsito. Pero todavía tiene que explicar cómo pretende convertir esa posición en una alternativa europea concreta, capaz de afrontar los retornos pendientes sin renunciar a las garantías que invoca.
Quienes defienden los centros de Ruanda tienen una obligación equivalente: explicar cómo evitarán que la externalización termine convirtiéndose en una forma de eludir responsabilidades, qué ocurrirá si las garantías fallan y quién responderá por ello.
Quizá la discusión de fondo no sea si Europa debe devolver a quienes no tienen derecho a permanecer en ella. La cuestión es qué está dispuesta a hacer para conseguirlo y qué límites acepta respetar en el camino.
Ruanda ha puesto esa pregunta sobre la mesa. España ha contestado que no a una de las posibles respuestas. Lo que todavía está por saber es si tiene preparada otra.
Fuentes
- Infobae/Europa Press, «Alemania, Dinamarca y tres países de la UE pactan con Ruanda un centro de expulsión de migrantes», 16 de noviembre de 2026.
- Infobae/EFE, «Bruselas celebra acuerdo entre 5 países UE y Ruanda», 16 de noviembre de 2026.
- Diario Socialista (cita al FAZ), «Cinco países de la UE empezarán a deportar personas migrantes a Ruanda», 17 de noviembre de 2026.
- Telecinco, «Pedro Sánchez critica el centro de expulsión de migrantes de Ruanda», 16 de noviembre de 2026.
- Investing.com (AFP), «Cinco países de la UE abrirán un centro de deportación de migrantes en Ruanda», 16 de noviembre de 2026.
- Moncloa.com, «El Consejo UE aprueba el Reglamento de Retorno… España vota en contra», 1 de octubre de 2026.
- Moncloa.com, «La reforma europea de retornos que Marlaska tilda de desproporcionada», 4 de junio de 2026.
- Infobae/Europa Press, «Feijóo denuncia que el Gobierno español sea el único voto en contra», 1 de octubre de 2026.
- elDiario.es, «Feijóo evita respaldar en público centros de deportación de refugiados», 17 de octubre de 2024.
- CIDOB, Blanca Garcés, «El Reglamento de Retorno: el espectáculo de las deportaciones», junio de 2026 (limitaciones prácticas, garantías jurídicas y advertencias de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE).
- Telecinco/Europa Press, «De las concertinas a los centros de retorno», 9 de agosto de 2026 (declaraciones de Carmen González, Real Instituto Elcano).
- Amnistía Internacional España, «Entidades sociales y humanitarias denuncian la amenaza de la externalización de fronteras», 17 de diciembre de 2025.
- Amnistía Internacional, «Los “centros de retorno” planeados en Ruanda y Uganda amenazan con convertirse en “crueles agujeros negros”», 2 de septiembre de 2026.
- porCausa, investigación sobre los centros de recepción en Mauritania, publicada en El Salto y recogida en «La izquierda política lleva al Congreso la apertura de dos cárceles para migrantes en Mauritania», El Salto.
Imagen: buque de rescate de SOS Méditerranée en el Mediterráneo, 29 de julio de 2016. U.S. Naval Forces Europe-Africa / 6.ª Flota de EE. UU., dominio público, vía Wikimedia Commons.
