Corría el mes de julio de 2010, cuando un singular triángulo de protagonistas daba comienzo a la deportación a España de un total de 115 presos de conciencia cubanos. Los tres vértices de esta operación lo serían el régimen castrista, la iglesia católica de la isla y el gobierno español presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo ministro de Exteriores era Miguel Ángel Moratinos. Cuba necesitaba vender el relato de una cierta apertura a la administración Obama y desmontar la “posición común” europea, por la cual las ayudas económicas de la UE se producirían en todo caso sobre la base de una determinada liberalización en ese país.
Los presos cubanos llegaban a Madrid sin ninguna garantía de que, en un posible regreso a la isla, se les facilitara su vida en términos de la precaria libertad que se tiene en ella (en realidad, toda Cuba es una prisión a cielo abierto). No se les había indultado ni amnistiado y, en el caso de su vuelta, era más que posible su inmediato encarcelamiento. Eso es lo que ocurre con los regímenes totalitarios, que no existe ley y sí la única voluntad del sátrapa que los dirige.
La deportación de Edmundo González responde en muchos aspectos al de aquel supuesto; esto es, lleva la marca de la imagen ya señalada. Aunque en este caso a la figura geométrica cubana de 2010 le ha sustituido un nuevo y paradójico triángulo, ahora con los dos ya conocidos vértices de una dictadura -la de Maduro-, de un gobierno español complaciente y… de la propia oposición venezolana. Trataré de explicarme.
La condición dictatorial o totalitaria de Nicolás Maduro no requiere de mayor explicación, basta con observar la última de sus felonías, convirtiendo un resultado electoral adverso en una falseada victoria; tampoco habrá que argumentar demasiado respecto de la satisfacción de su régimen toda vez que admitía la expulsión del presidente efectivamente electo. La anuencia del gobierno de Pedro Sánchez se explica con la permanencia en la ecuación -en 2010 y ahora- de José Luis Rodríguez Zapatero, que viene desde antiguo mostrando su plena entrega a los designios del gobierno con venezolano.
Exige un más detallado comentario la actitud de la oposición de aquel país. Como ya conoce sobradamente cualquiera que haya seguido el proceso de estas elecciones presidenciales, la candidata elegida en primarias por la práctica unanimidad de los votantes, María Corina Machado, sería inhabilitada por Maduro. La candidatura unitaria intentó que fuera sustituida por la filósofa y política de 80 años, Corina Yoris, que sería nuevamente incapacitada. El tercer, y último, intento ha sido el de Edmundo González, un diplomático de 75 años.
Resulta evidente que los intentos de la auténtica líder de la oposición por encontrar una candidatura alternativa a la suya pretendían solamente una victoria vicaria. Y que, ganadas las elecciones y “cobradas” éstas -lo que quiere decir, reconocidas por Maduro-, diera comienzo una transición política a la democracia que fuera liderada de manera efectiva por María Corina Machado. El empecinamiento -previsible- de Maduro de no aceptar su derrota convertía la situación de Edmundo González en la práctica en una solución imposible. Acosado por el remedo de justicia que existe en Venezuela, el provecto diplomático se veía obligado a refugiarse en la embajada de los Países Bajos para no resultar detenido, juzgado, condenado y encarcelado, seguramente en el tristemente célebre “Helicoide”, con probable y grave quebranto de su salud.
González era ya, desde su victoria, un problema para el régimen, pero, a la vez, ya no era demasiado útil para la oposición. Si ya no existía posibilidad -por ahora- de dar comienzo a la transición, se convertía en un extraño jarrón chino al que cuidar y del que apenas sí se podía obtener rédito alguno. Por el contrario, toda vez que recupere una vida relativamente normal, Edmundo González podrá moverse en libertad por todo el mundo -con excepción, por supuesto, de Venezuela-, exhibiendo sus galones de presidente electo sin temor a que la llamada justicia de su país adopte medidas en su contra. Este último asunto, siquiera los cargos han sido anulados, serían con seguridad activados en el supuesto de que González regresara.
Queda, sin embargo, pendiente la situación principal, la de si conseguirán las gentes de Venezuela y la presión internacional desalojar a Maduro del poder. En especial es al ejército al que le incumbe la responsabilidad de repudiar al sátrapa.
Es mejor, desde luego, presionar a los gobiernos de la Unión Europea, también al de España, desde luego, para que se convenza de que no basta con exigir unas actas electorales, que nunca serán presentadas por el régimen, y pasen a reconocer a Edmundo González como candidato electo.
Y en cuanto se refiere a las contrapartidas que haya negociado el gobierno de Sánchez con el de Maduro, me cabe poca duda de que habrá que remitirlas al sinuoso, opaco y dudosamente democrático papel -dicho por no hacer sangre- que está jugando el expresidente Zapatero en el doble apoyo al presidente español y al venezolano. La sola coincidencia de esos dos sostenimientos debería preocupar a aquél, en el dudoso caso de que exista algo que le inquiete, más allá de una convocatoria anticipada de elecciones que pudiera desalojarle del poder.
Dicho todo lo cual, será preciso reconocer la habilidad del gobierno Sánchez que, sin dejar de devolver los favores prestados por Zapatero, se presenta ahora como adalid de la causa de la democracia… en Venezuela. Sin embargo, a poco que la oposición española explote ese aspecto, pronto se advertirá que no queda mina suficiente ni para un lapicero.
Hará bien la oposición española, de consuno con la venezolana, en convencer a los países de la UE de la urgencia del reconocimiento del presidente electo, en tanto que la desbordante energía de María Corina Machado siga liderando a un país dispuesto a continuar ofreciendo cuanto esté en su mano para conseguir la libertad.