Más de un año después de que saliese a la luz la trama de sobornos en el Parlamento Europeo la investigación judicial está estancada y las desventuras de los tres agentes la empantanan aún más
Por Ignacio Cembrero, publicado en El Confidencial, el 3 de marzo de 2024
Estamos en el Bar des Amis, en el centro de Bruselas. Es jueves, el 18 de enero pasado. Dos hombres y una mujer empiezan a atraer miradas con su comportamiento algo desinhibido, con tocamientos consentidos a la dama, a la vez que agresivo hacia los demás clientes. El gerente les pide que se larguen del establecimiento, pero la bronca sube de tono y un camarero acaba abofeteado. Tras recibir un aviso, la policía municipal irrumpe en el local a altas horas de la madrugada.
Los agentes creen que el trío está borracho perdido, sobre todo uno de ellos, y les trasladan a la comisaría del barrio de Ixelles. El más ebrio forcejea y, en pleno delirio, se le escapa incluso un insulto racista hacia uno de los municipales antes de ser introducido a la fuerza en la llamada «celda de recuperación de la sobriedad».
El incidente no tendría más alcance si, mes y medio después, no hubiera trascendido que los tres «borrachos» eran un comisario, una inspectora y, el más «bebido», un inspector principal, adscritos a la Oficina Central de Represión de la Corrupción de la Policía Federal. Los tres, pero sobre todo este último, llevaban un año largo investigando el mayor escándalo de corrupción en la historia de las instituciones europeas, que afecta de lleno al Parlamento Europeo, conocido como Qatargate, aunque es más bien un Moroccogate.
Los análisis de sangre que se les practicaron demostraron que los tres fueron drogados con grandes dosis de anfetaminas, según revelan los diarios belgas Le Soir y Het Laatste Nieuws que no publicaron sus nombres. Esa fue la causa, y no el exceso de alcohol, de la alteración de su comportamiento.
En el proceso de recuperar la sobriedad, el inspector principal empezó a tener fuertes dolores en el abdomen y acabó en el hospital, donde fue operado en urgencias de una hemorragia interna. Permaneció varios días ingresado. Ha puesto una denuncia ante la Fiscalía de Bruselas, que confirmó a la prensa la apertura de una investigación por “intento de asesinato”.
Requeridos por los medios de comunicación belgas, los toxicólogos explican que las anfetaminas en forma líquida no saben ni huelen a nada. «Se puede perfectamente mezclar una dosis en una pinta, un café o un vaso de Coca-cola sin que nadie se percate», explicó Jan Tytgat, profesor de toxicología, al diario digital 7Sur7. Es improbable que cause el fallecimiento.
¿Cuál era entonces el objetivo de los envenenadores? «La intención habría sido obstaculizar la investigación del Qatargate y dañar la reputación de la policía judicial de nuestro país», sostiene 7Sur7. ¿Quién podría estar interesado en poner trabas? «La investigación se orienta hacia un envenenamiento y los servicios secretos marroquíes», tituló en portada el periódico de Namur Sudinfo.
Operaciones híbridas made in Marruecos
Los servicios secretos de Marruecos tienen experiencia en operaciones de desprestigio. Desde el semanario L’Observateur de Maroc se propagó, en septiembre de 2008, el bulo de que el expresidente José María Aznar era el padre de la hija que iba a tener Rachida Dati, entonces ministra de Justicia de Francia. Para acreditarlo, la extinta revista Interviú publicó unas fotos en las que se les veía juntos a la salida de un restaurante en París. La falsa noticia dio la vuelta al mundo. El semanario es propiedad de Ahmed Charai, al que numerosos correos que afloraron en 2014 y una sentencia judicial de 2015, en España, vinculan con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior marroquí.
Con o sin envenenamiento, la investigación del mayor escándalo de corrupción que afecta a una institución europea está estancada. Arrancó muy a finales de 2022 con 19 registros policiales en Bruselas, ocho detenciones de eurodiputados, exdiputados y asistentes parlamentarios en Bélgica e Italia, así como la incautación de 1,5 millones de euros en efectivo, pero no tardó en perder fuelle. Quince meses después no hay fecha para un posible juicio.
El primer juez instructor, Michel Claise, una estrella de la judicatura belga, se vio además obligado a dimitir el pasado verano, tras ser recusado por un posible conflicto de interés. Un hijo suyo tenía negocios con uno de los sospechosos. En cuanto al fiscal, Raphaël Malagnini, el Consejo Superior de Justicia le buscó en octubre otro destino.
Anunciadas a bombo y platillo, las órdenes de detención contra un viceministro qatarí y un supuesto diplomático marroquí no se han concretado.
La brutal injerencia de varias potencias extranjeras en la labor legislativa de la Eurocámara ha quedado en casi nada. El lobby marroquí sigue campando a sus anchas. Prueba de ello es que la semana pasada un buen número de eurodiputados recibieron correos de los embajadores de Marruecos en las capitales de la UE —El Confidencial publicó el enviado por la embajadora en Dinamarca— pidiéndoles que votasen en contra de una enmienda del grupo de La Izquierda que mencionaba al Sáhara Occidental. Con los socialistas españoles a la cabeza, el pleno del miércoles pasado rechazó incorporar esa enmienda al informe anual sobre derechos humanos.
Si la Justicia se ha estancado, la prensa sigue pese a todo trabajando. Qatargate (editorial Harper Collins) es el título del libro publicado a finales de enero por dos periodistas de Le Soir, Louis Colart y Joël Matriche. En él recogen las confesiones del exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, presunto cabecilla de la trama, durante los interrogatorios. Reveló que se reunió tres veces en Rabat con Mohamed Belharache, el agente M118 de la DGED, que hace más de una década operó en Mataró (Barcelona) antes de centrar su actividad en el aeropuerto parisino de Orly y finalmente en Bruselas.
A esos encuentros asistió Yassin Mansouri, director de la DGED, según reveló Panzeri. Una nota de la seguridad del Estado belga, que reproduce el libro, señala además que otro de los sospechosos, el eurodiputado Andrea Cozzolino, también fue recibido por el jefe de los espías en noviembre de 2019. Mansouri, que dirige ese servicio secreto desde hace 19 años, fue compañero de pupitre del rey Mohamed VI y es uno de los pocos dignatarios marroquíes que tiene acceso directo al monarca sin pasar por intermediarios.