La decisión de Sánchez nos descoloca a todos. Deja a Madrid en situación precaria, y a la UE en estado de inseguridad.
Columna de Ana Palacio, publicada en El Mundo, el 3 de junio de 2023
Las instituciones son, en última instancia, instrumentos de organización de la vida colectiva. Esto es particularmente cierto en la Unión Europea (UE), conjunto de entidades creadas, impulsadas y regidas por un Tratado. Además, nuestro proyecto de futuro no cuenta con cimentación social consolidada, lo cual subraya la preeminencia del andamiaje de reglas, la previsión en su articulación y, en consecuencia, el impacto de cualquier evento mayor no anticipado.
Esta valoración general, efectiva en tiempos de giro o tráfico ordinario, cobra especial mordiente en el momento presente: internamente, vivimos un periodo de transición de Parlamento y Comisión –cualificado por notorias tensiones intergubernamentales de rango constitutivo–, externamente envuelto en incertidumbres geopolíticas. De ahí, el desconcierto que corría estos días por los pasillos de las administraciones bruselitas tras el inesperado anuncio por el presidente del Gobierno de elecciones anticipadas.
Es preciso subrayar «inesperado» y «anticipadas». A cuatro semanas del arranque de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que asumirá España el próximo 1 de julio, nadie imaginaba el aldabonazo del lunes 29. Ni en los despachos de Bruselas, ni tampoco –seamos claros– en los ministeriales de Madrid. Cierto es que excepcionalmente se han celebrado comicios nacionales en un Estado miembro que ejercía este liderazgo transitorio. Se refiere el precedente de las elecciones de Macron celebradas durante el mandato UE de París en el primer semestre del año pasado. Pero estaban previstas y programadas, por lo que el Elíseo, y también el Parlamento Europeo (PE), la Comisión (CE) y el Consejo, pudieron planear acorde, concentrando los actos relevantes de la función principalmente antes de los votos en abril. Segundo, no abarcaba la disolución del Parlamento (como es el caso de España).
Así, acortar –sin gritar ¡agua va!– en cinco meses la legislatura, a cuatro semanas del inicio de un mandato cimero que no se volverá a producir hasta dentro de 14 años, ha dejado tanto al país como a la UE desconcertados. Sin capacidad de pensar más allá del 23 de julio. Esto, a altura y velocidad de crucero, ya sería de preocupar. ¡Qué decir en el particularísimo panorama de turbulencias que atravesamos!
Dos factores contribuyen, sin embargo, a la serenidad. En primer lugar, la excelencia de los altos cuerpos de nuestra Administración: una maquinaria probada, perfectamente engrasada, que garantiza la llevanza impecable de los expedientes y la orientación eficaz de los distintos grupos de trabajo que vertebran la acción de la Unión. En segundo lugar, la política europea se ha de caracterizar –se ha caracterizado, salvo algún desvarío– por ser política de Estado. Es imperativo que este enfoque prevalezca: viví (personalmente) la colaboración de los diputados del Partido Popular al PE durante la Presidencia española de 1995, en las complejas circunstancias que rodearon el ocaso de González, los desmanes de la turbia trama de los GAL. Dicho lo anterior, nada sustituye la visión estratégica, el impulso –y, en su caso, mediación– en los asuntos de trascendencia, que aporta un liderazgo ejerciente y corresponde al Gobierno y a su presidente.
Lo que conocemos de planificación de eventos tiene su miga. El último volatín en esta sucesión de improvisaciones por parte del presidente del Gobierno es –al cierre del artículo– su renuncia a pronunciar, el día 13 de julio, el discurso de presentación institucional frente al pleno del PE, pieza mollar para capitalizar, sin ambages, este tiempo de foco internacional sobre España hasta las urnas. Lo ha aplazado. Siguen en su agenda la visita del Colegio de Comisarios a Madrid del 6-7 del mismo mes y la muy publicitada Cumbre con Iberoamérica (UE-CELAC) el 17-18 en Bruselas. En este cuadro, difícil resulta obviar la dimensión surrealista de la 15 sesión plenaria de la Asamblea EuroLat (la dimensión parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y Caribe), prevista del 24 (día después de las votaciones) al 27, con el anfitrión –nuestras Cortes– reducido al esqueleto de la Diputación Permanente. Por fin, y de extraordinaria importancia, el calendario facilita sobremanera el cabildeo a tope de Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN, del 11 al 12 de este apretado mes en Vilna.
Pasemos ahora, lector, a una somera descripción de la tarea. Madrid estará 184 días al timón del barco comunitario. Este periodo coincide con el último semestre «operativo» del PE y la CE antes de las elecciones parlamentarias en junio de 2024, convirtiéndose así en una «presidencia escoba», a la que corresponde cerrar, rematar los expedientes que están pendientes. En materia regulatoria, llevar a puerto negociaciones a menudo tensas entre los legisladores.
No son temas menores. Se requiere actuar sobre divisiones internas, muchas enquistadas, que hoy vuelven por sus fueros tras la unidad que caracterizó la etapa inmediata a la invasión de Ucrania por Putin en febrero 2022. Urge encontrar consenso para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (las reglas fiscales que rigen la Unión Económica y Monetaria de la UE). La CE ha comunicado que retomará la vigilancia de los déficits –suspendido en 2020 por causa del COVID– a partir de 2024. Otro tema mayor y divisivo a abordar es el Pacto de Migración y Asilo que se presentó en 2020, estancado desde entonces por reflejo de divergencias ancladas en realidades políticas, culturales e históricas.
En el ámbito del Green Deal –la agenda verde que se ha convertido en enseña del mandato Von der Leyen–, la CE se ha lanzado a un sprint de propuestas a culminar antes del final de la legislatura. Un reto ampliado por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) americana (paquete normativo que, aparte de consideraciones económicas, prima la acción climática). Queda pendiente la formalización de la Directiva sobre Energías Renovables actualizada, provisionalmente acordada en marzo y, bajo este paraguas normativo, la aprobación de los Actos Delegados relativos al hidrógeno renovable. Seguimos a la espera de conocer la «visión estratégica» de la CE para la captura, uso y almacenamiento del carbono (esperada también en 2023), de ver la trabazón del nuevo diseño emblema H2Med –corredor de hidrógeno limpio desde la península ibérica a Alemania–, de ver funcionando el recién firmado Reglamento estableciendo un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que entrará en fase transitoria en octubre. Y, sin ánimo exhaustivo, está la reforma del mercado eléctrico –en el que el Gobierno Sánchez ha invertido mucho– presentada como pieza fundamental en la consolidación de la transición energética (fomentando renovables y reduciendo gas natural); hoy todo apunta a que no se solventará en tiempo español.
Este tiempo español era visto, asimismo, como oportunidad de reforzar la proyección exterior de la UE en el denominado «Sur Global», dada nuestra relación con la «Vecindad Sur» y con América Latina –hay cumbres previstas con ambas–. Un cometido que resulta de relevancia ante la creciente influencia de China y de su modelo alternativo al Orden Basado en Reglas, atractivo para muchos de estos países.
Se suma a estas cuestiones perentorias, la sombra de la presidencia húngara que seguirá a la belga (tras la nuestra). Un periodo crucial por ser el de rodaje del nuevo PE y de negociación de la nueva CE. Y que plantea ya hoy problemas. Hungría está incursa en procedimientos jurídicos que prevé el Tratado para las situaciones extremas de confrontación con el proyecto común, y se encuentra en la diana del PE, que adoptó anteayer una resolución cuestionando la capacidad de Budapest de asumir el mandato presidencial. España debería jugar un papel resolutivo.
Por fin, más allá de los asuntos intraeuropeos, esta cita llega en un momento internacional sumamente complicado. Madrid tendría que coordinar los preparativos de la participación de la Unión en la COP28 –encuentro anual climático de Naciones Unidas– a celebrar en noviembre-diciembre en Dubai. El vínculo transatlántico, más estable desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, pasa por un bache tras la adopción por Washington de la IRA (con las implicaciones del proteccionismo americano para nuestras empresas); potenciar esta relación requeriría diplomacia hábil y previsibilidad. Más todavía, porque en la espiral de confrontación entre EEUU y China, Europa sigue sin clarificarse; la virtualidad del arduo equilibrismo se agota. Sin mencionar el oscuro telón de fondo de la devastadora guerra en Ucrania lanzada por el Kremlin y su incierto futuro.
Así, la decisión de Sánchez nos descoloca a todos. Deja a Madrid en situación precaria, y a la UE en estado de inseguridad. Corremos el riesgo de que la presidencia de España sea una oportunidad desperdiciada. Para nosotros, y para Europa. Colectivamente, debemos hacer lo posible por evitarlo.