La Justicia europea sentenció que esos productos no podían ser vendidos como marroquíes, pero el fallo no se cumple. El sindicato agrícola COAG pide al ministro de Consumo, Bustinduy (Sumar), que respete el veredicto, pero él hace oídos sordos
Por Ignacio Cembrero, publicado en El Confidencial, el 6 de junio de 2025
El ministro de Agricultura, Luis Planas, llegó a afirmar, el 21 de octubre de 2024, que la relación de España con Marruecos estaba “por encima” de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ocho meses después de que los magistrados de Luxemburgo se pronunciasen, el Gobierno, y no solo su ala socialista sino también Sumar, anteponen la buena relación con el vecino marroquí al fallo judicial sobre Marruecos.
El TJUE dio a conocer el 4 de octubre un triple veredicto. A instancias de los abogados del Frente Polisario canceló los acuerdos de pesca y de asociación de la UE con Marruecos porque incluían al Sáhara Occidental sin que la población autóctona hubiese dado su consentimiento. Ordenó además, en una tercera sentencia, que los productos agrícolas exportados de ese territorio a la UE fuesen etiquetados como procedentes del Sáhara y no de Marruecos.
“Tras ocho meses de la sentencia, nadie ha visto en toda la UE hortalizas etiquetadas como Sáhara Occidental”, denuncia Andrés Góngora, del sindicato Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “Hay una ocultación intencionada del origen real de estos productos”, denuncia el representante del sector de frutas y hortalizas del sindicato.
La COAG “viene observando una creciente presencia de determinadas hortalizas en los lineales de los supermercados, como tomates cherry (+269% de aumento de las importaciones por España entre 2014.2024) que llevan en su etiquetado “Marruecos”, cuando se trata de empresas que tienen también producción en el Sáhara Occidental”, señala un comunicado del sindicato agrícola.
Andrés Góngora pone el ejemplo de la francesa Azura que dedica 500 hectáreas al cultivo del cherry cerca de Dajla, en el sur de la antigua colonia española. A los tomates pequeños se añaden melones y algunos productos de la pesca, según la ONG noruega Western Sahara Ressource Watch. Las exportaciones anuales del Sáhara Occidental a la UE, sobre todo a España y Francia, rondan los 600 millones de euros anuales.
“Se está produciendo una vulneración de los derechos de quién consume” un producto sobre cuyo origen se le engaña, añade el comunicado sindical. De ahí que la COAG haya exigido por la carta en mayo al Ministerio de Consumo que “garantice el cumplimiento de la sentencia” del TJUE sobre el etiquetado.
“En España no todos los alimentos deben indicar su origen, sino que la obligación se limita a unos pocos, pero las frutas y hortalizas sí que estarían incluidas”, señala el abogado Javier Sánchez Moro. “Su omisión puede inducir a error al consumidor, aparte de que, en sí mismo, ya es un fraude omitir o cambiar el origen real, según se deriva de las exigencias del Reglamento 1169/2011”, prosigue.
Pablo Bustinduy, un exmiembro de Podemos hoy en día en Sumar, ostenta la cartera de Consumo, pero ha dado la callada por respuesta a la petición del sindicato agrícola. Preguntado por El Confidencial sobre la aplicación de un etiquetado acorde con la sentencia, Bustinduy tampoco contestó. Su actitud contrasta aparentemente con la de su formación que se erige en defensora de los saharauis.
Ante este silencio, el siguiente paso que estudia dar la COAG es recurrir al contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración española. Quizás, si logra obtener pruebas periciales, podría además invocar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que esa actuación está causando a los agricultores.
En el origen de la sentencia sobre el etiquetado del TJUE estuvo el poderoso sindicato agrícola francés, la Confederación Campesina, que pidió a los jueces de Luxemburgo que obligasen, mediante una sentencia, a diferenciar entre productos procedentes del Sáhara Occidental, sobre todo las frutas y hortalizas, y de Marruecos.
Tras lograr el fallo el sindicato instó al Consejo de Estado francés, el más alto tribunal administrativo, que ordenara a los ministerios de Economía y Agricultura de Francia que prohibieran la importación de melones y tomates del Sáhara Occidental porque no estaban debidamente etiquetados. Los jueces de este tribunal reconocieron en enero que no se cumplían las normas de etiquetado, pero precisaron que la decisión de prohibirlos debía de ser tomada por la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario arrastra los pies a la hora de cumplir las sentencias de octubre como también lo hacen al menos dos de sus Estados miembros, España y Francia. Los tres señalaron incluso al TJUE, tres semanas después de que diese a conocer sus sentencias, que estas contenían inexactitudes porque la mayoría de los saharauis no vivían, según ellos, en los campamentos de refugiados de Tinduf (suroeste de Argelia) sino en la antigua colonia española. Los jueces se negaron el 15 de enero a rectificar su sentencia en la que subrayaban que “ese pueblo [saharaui] en su mayor parte ha sido desplazado”.
Las maniobras de la Comisión Europea, respaldada por la diplomacia española y francesa, buscaban allanar el terreno para proponer al final del verano fórmulas que permitan prorrogar, quizás con un addendum, el acuerdo de asociación con Marruecos, según fuentes diplomáticas. Aunque lo canceló, el TJUE permitió que siguiera en vigor un año, hasta el próximo 3 de octubre.
La diplomacia de Marruecos no se esforzó, por su parte, en obtener ninguna modificación de las sentencias, pero su Ministerio de Asuntos Exteriores insistió en que estas “contienen desvaríos jurídicos evidentes y errores sobre hechos que son sospechosos”. “Demuestran un desconocimiento total de la realidad del asunto a menos que no se trate de un sesgo político flagrante” par parte de los jueces, concluía su comunicado de Rabat.
En otro ámbito, el de la aviación comercial, la Comisión Europea sí interpretó en enero a rajatabla un pronunciamiento del TJUE que, ya en noviembre de 2018, afirmó que el acuerdo aéreo entre la UE y Marruecos no abarcaba al Sáhara Occidental. Aún así la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española autorizó, a partir de enero pasado, los vuelos de la compañía irlandesa Ryanair de Madrid y de Lanzarote a Dajla, la segunda ciudad en importancia del Sáhara Occidental.